El discurso de odio contra periodistas en México, como parte de la comunicación política hostil, no sólo silencia voces críticas, sino que normaliza la exclusión informativa como un mecanismo de poder.
Sandra Isabel Jiménez Mateos
El acceso restringido a las conferencias de prensa en Veracruz no es un hecho aislado: es parte de una estrategia de control comunicacional que erosiona el derecho ciudadano a estar informado. La censura a la prensa no siempre se ejerce con balas, sino también se hace con puertas cerradas.
Cada restricción a un periodista es un candado a la democracia en Veracruz
El 21 de agosto de 2025, durante la rueda de prensa convocada por el gobierno de Rocío Nahle, sólo ingresaron periodistas seleccionados por la directora de Información Institucional, Benita González. Afuera del Palacio de Gobierno —en remodelación— quedaron varios reporteros a la espera de una autorización que nunca llegó.
Entre ellos estaba la fotoperiodista Yerania Rolón, de blog.expediente.mx, quien días antes había publicado imágenes donde exhibía las joyas de lujo usadas por la gobernadora, usadas en una conferencia de prensa -precisamente- y con un valor calculado sobre los 800 mil pesos. También fue excluida Rosalinda Morales, de Noticias La Fuente, quien relató que aunque las conferencias inician a las 11:00 de la mañana, los periodistas críticos suelen quedar relegados mientras entran primero los reporteros afines al gobierno. “Me gustaría que la gobernante en turno comprendiera que no es cerrando la puerta como logrará ocultar la verdad de lo que ocurre en Veracruz”, puntualiza.
El caso no es aislado. En noviembre de 2024, la reportera Concepción Sánchez sufrió agresiones de elementos infiltrados de la Secretaría de Seguridad Pública en el Congreso estatal. Aunque la CEAPP condenó el hecho, menos de un año después ella tampoco pudo ingresar a la conferencia del 21 de agosto.
Estas prácticas contravienen la Ley de Comunicación Social del Estado de Veracruz, cuyo artículo 5 obliga a la transparencia, la máxima publicidad y la objetividad en la difusión de asuntos públicos. También violan los artículos 6 y 7 de la Constitución mexicana, que garantizan el derecho de acceso a la información.
Limitar el acceso a periodistas críticos no sólo incumple la norma; también erosiona la confianza en las instituciones y restringe el derecho de la sociedad a estar informada. Se trata de un modelo de comunicación política que replica la dinámica de Las Mañaneras, donde la autoridad controla la narrativa, reparte micrófonos y castiga con la exclusión a quienes cuestionan.
El discurso de odio contra periodistas en México, como parte de la comunicación política hostil, no sólo silencia voces críticas, sino que normaliza la exclusión informativa como un mecanismo de poder (véase: Jiménez Mateos, S. I. (2025). Periodistas como blanco del discurso de odio: poder político, medios y democracia en México. Revista Sintaxis*, 8(15)).
La sociedad tiene derecho a estar informada. Informar a los ciudadanos no es un favor a los medios de comunicación ni a los periodistas: es una obligación con la rendición de cuentas de la administración pública en turno. Los recursos utilizados en cada conferencia de prensa son públicos, forman parte de los impuestos que paga la sociedad mexicana y veracruzana. Y sin embargo, una vez en el cargo, muchos funcionarios actúan como aristócratas propietarios de las tierras que desembocan en el Golfo de México, olvidando el papel republicano y demócrata para el que fueron elegidos.
La libertad de prensa no se garantiza con discursos, sino con puertas abiertas.
* Sandra Isabel Jiménez Mateos es periodista, investigadora académica de la Universidad Veracruzana y estudiante del Doctorado en Investigación de la Comunicación por la Universidad Anáhuac del Norte. Trabaja la línea de investigación de agresión a periodistas, libertad de expresión, de prensa y democracia.